El presidente de la Audiencia Provincial en Cartagena suspende el juicio contra tres personas acusadas de vender cocaína en dos viviendas de La Unión al declarar los testigos por videoconferencia desde dependencias policiales y no judiciales. La vista se ha pospuesto para el próximo 8 de enero de 2013.

Los hechos sucedieron en 2012, cuando la Guardia Civil de Albacete llegó hasta La Unión en una operación llevada a cabo en 2010, efectuando el uno de diciembre dos registros en viviendas situadas en el municipio minero, donde localizaron diversas cantidades de cocaína, además de armas.

Pablo J. M., el primer acusado en declarar, ha asegurado que la droga encontrada en la vivienda, propiedad de su padre, Pedro J. M. (el segundo acusado) era suya y que la utilizaba "para consumo propio" y que en ningún momento se había dedicado a la venta de droga. A preguntas de la Fiscalía sobre los enseres encontrados junto a la cocaína (básculas, pistola y escopeta), ha confirmado que eran de su propiedad y que la pistola de fogueo la utilizaba como "medida de protección porque alguna vez habían entrado en la casa", la escopeta para ahuyentar a las palomas y la báscula para comprobar que la droga que compraba era del peso correcto, ya que alguna vez, añadía, que le habían engañado.

El acusado, que se encuentra en un centro de rehabilitación y salud mental de Cartagena, ha confirmado que durante el año 2010 consumía droga frecuentemente, pero que "no traficaba con ella". Los continuos viajes a Punta Cana junto a un amigo ha dicho que los hacían por "ocio" y con el dinero que sacaba de un negocio de tatuajes que tenía.

El segundo acusado, padre de Pablo y que la noche de la detención se encontraba en la vivienda, ha asegurado que el vivía en Los Alcázares y que esa noche dio la casualidad que fue allí a dormir porque había discutido con los familiares con los que vivía. Además, tanto el como su hijo, han coincidido en que nunca ha probado las drogas y que no sabía que en su casa (en la que vivía solo Pablo) hubiera droga, ya que desconocía "que mi hijo era consumidor", ha declarado Pedro.

La tercera acusada, María N. E., ha asegurado no conocer al resto de acusados y que la droga que se encontró en su vivienda era de su hijo y los amigos, quienes acudían con asiduidad a la vivienda, aunque ella no sabía que consumían drogas.

Tras las declaraciones, la vista se ha suspendido al no haber la seguridad necesaria en la declaración de los testigos, la Guardia Civil de Albacete, y el tribunal de la sección quinta de la Audiencia ha solicitado que el próximo 8 de enero, día señalado para la celebración del juicio, declaren desde dependencias judiciales y con las garantías estipuladas. Además ha pedido la localización de un testigo protegido que podría ser de vital importancia para el desarrollo de los hechos.

La Fiscalía, en sus calificaciones, solicita 7 años de prisión (4 por el narcotráfico y 3 por la tenencia ilícita de armas) y una multa de 50.000 euros, mientras que los abogados defensores de los acusados, Simón Guasp, Isabel muñoz y Juan Francisco Pérez Avilés, solicitan la absolución.