El juicio contra tres acusados de traficar con drogas en La Unión se ha celebrado después de tres intentos previos. En esta ocasión, la Guardia Civil declaró y aseguró que, aunque no tenían sospechas de que en la casa de la acusada se traficara, están seguros de que los acusados sí lo hacían. Los imputados, que se enfrentan a una pena de siete años de cárcel, lo niegan totalmente.

Los hechos sucedieron en 2012, cuando la Guardia Civil de Albacete llegó hasta La Unión en una operación llevada a cabo en 2010, efectuando el uno de diciembre dos registros en viviendas situadas en el municipio minero, donde localizaron diversas cantidades de cocaína, además de armas.

Pablo J. M. ha asegurado que la droga encontrada en la vivienda, propiedad de su padre, era suya y que la utilizaba "para consumo propio" y que en ningún momento se había dedicado a la venta de droga. El acusado, que se encuentra en un centro de rehabilitación y salud mental de Cartagena, confirmó que durante el año 2010 consumía droga frecuentemente, pero que "no traficaba con ella".

Pedro J. M., padre de Pablo y que la noche de la detención se encontraba en la vivienda, ha asegurado que el vivía en Los Alcázares y que esa noche dio la casualidad que fue allí a dormir y llegó muy bebido y se despertó "por lío que se montó", dijo. "Parecía que eso se caía", añadió.

Pedro aseguró que no sabía que en la casa había droga, ya que desconocía que su hijo consumía. "No sé ni qué hacía, el siempre iba para arriba, para abajo", apuntó.

La tercera acusada, María N. E., ha asegurado no conocer al resto de acusados y que la droga que se encontró en su vivienda era de su hijo y los amigos, quienes acudían con asiduidad a la vivienda, aunque ella no sabía que consumían drogas.

En la declaración de los guardias civiles, quienes han recalcado que no tenían constancia de que en la vivienda de María se consumiera, sí han dejado claro que están 'casi seguros' se que los acusados traficaban con drogas.

La Fiscalía, en sus calificaciones, solicita 7 años de prisión (4 por el narcotráfico y 3 por la tenencia ilícita de armas) y una multa de 50.000 euros, mientras que los abogados defensores de los acusados, Simón Guasp, Isabel Muñoz y Juan Francisco Pérez Avilés, solicitan la absolución.