Viernes, Julio 05, 2024
   
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El Tribunal de Cuentas indica que la privatización del servicio de agua potable fue ilegal

El organismo estatal indica que se adjudicó indebidamente a Acciona, cuya oferta incumplía en diversos aspectos el pliego de condiciones, debiendo haberse declarada desierta la licitación. Asimismo, denuncia la existencia de múltiples irregularidades en la adjudicación de diversos contratos municipales como la guardería municipal, la piscina cubierta o la gestión de la mina Agrupa Vicenta.



El portavoz socialista, Mariano Oliver, señalo que “La cascada de privatizaciones que Bernabé y el PP han acometido esta legislatura, ya tiene aquí las consecuencias que veníamos denunciando. El Tribunal de Cuentas, tras fiscalizar estos expedientes, ha concluido en un informe fechado el pasado mes de marzo que existen múltiples e injustificadas irregularidades en la adjudicación-privatización de diversos servicios municipales, entre ellos, la guardería, la piscina cubierta, la Mina Agrupa Vicenta y el servicio municipal de suministro de agua potable, cuyo coste se ha encarecido espectacularmente con la privatización”.

Oliver indica que “el Tribunal de Cuentas señala la existencia cláusulas de revisiones de precios irregulares, incoherencias en los pliegos, criterios de valoración excesivamente genéricos e imprecisos, incumplimiento de los principios de publicidad y transparencia en la contratación pública, imprecisiones en los informes y juicios de valor del Comité de Expertos designado para puntuar las ofertas, insuficiencia e injustificación de las fianzas solicitadas, incumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación informadores de la contratación pública, etc…”.

Continuó el portavoz socialista señalando que “En el caso de la privatización de la piscina cubierta, el Tribunal denuncia que no se encuentran perfectamente definidas las contraprestaciones económicas a percibir por el concesionario, pues en un apartado indica que será un canon, y en otro que además tendrá derecho a percibir tarifas del usuario. En este contrato, el Tribunal señala que la cuantía del contrato  a efectos de establecer la garantía del contratista no debió ser de 500.000 € sino de 1.710.280,35 €.”.

Asimismo, Oliver señala que “las cosas se están haciendo tan rematadamente mal, que hasta al Tribunal de Cuentas le parece sorprendente la celebridad con la que se hizo la notificación al adjudicatario en la privatización de la gestión de la Mina Agrupa Vicenta, pues fue el mismo día de la salida de la comunicación, mientras que a los demás licitadores no adjudicatarios se les notificó la adjudicación con posterioridad a la formalización del contrato, lo que supone una práctica contraria a los principios de igualdad y no discriminación, informadores de la contratación pública”.

En cuanto a la privatización del servicio de suministro de agua potable, el Tribunal de Cuentas denuncia que se trasladaron a la concesionaria el desarrollo de actuaciones que correspondía haber realizado previamente al Ayuntamiento (ordenanza, nuevo reglamento del servicio.etc…), lo que podría haber limitado la competencia, como se desprende del hecho de que hubiese un solo licitador (Acciona).

Para el portavoz socialista “resulta gravísimo que el Tribunal de Cuentas concluya que se adjudicó el contrato indebidamente a Acciona, y que su oferta, que presentaba errores, carencias e imperfecciones, incumplía en diversos aspectos los pliegos de prescripciones técnicas, siendo este documento de obligado cumplimiento para todas las ofertas, por lo que la licitación debió ser declarada desierta”.

Oliver señaló que “Bernabé y el PP deben dar explicaciones, pues tenían mucha prisa e interés en privatizar nuevamente el servicio de agua potable en el municipio, para ingresar un adelanto del canon de concesión por 25 años, vendiendo al municipio y sus ciudadanos por poco más de 6 millones de euros, que en estos tres años han malgastado, a la vez que han maltrecho las economías domésticas y los bolsillos de los unionenses”.

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