Diversas organizaciones sociales y políticas de La Unión han solicitado al alcalde, Francisco Bernabé, la celebración de un pleno extraordinario para aprobar el rescate del servicio de aguas ya que consideran que su concesión a Acciona Agua no debió llevarse a cabo, sobre todo tras el dictamen del Tribunal de Cuentas que señalaba que el concurso-licitación debió declararse desierto.

Este proceso ha sido iniciado por la Plataforma Ciudadana Unionenses por lo Público, desde la que señalan que el informe del Tribunal de Cuentas abre una puerta legal a la recuperación del Servicio Municipal de Aguas, ya que la anulabilidad del contrato de concesión en base a las irregularidades señaladas por el Tribunal de Cuentas toma su razón de ser en el Artículo 63 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y que un acuerdo, al respecto,  en ese Pleno, permitiría la apertura de un proceso legal para proceder a la ulterior impugnación del contrato de concesión ante la Jurisdicción Económico-Administrativa.

La Plataforma Unionenses por lo Público señala la necesidad de que, en el mismo pleno, se acuerde la creación de una comisión de investigación que permita profundizar en el proceso de la concesión, en toda su extensión, "lo que permitirá poner luz y taquígrafos sobre el más que oscuro proceso de privatización del Servicio Municipal de Aguas que ha supuesto una carga económica para los ciudadanos notable al ver incrementados sus recibos de agua en más del 70% en la mayoría de los hogares unionenses, mientras que el canon concesional de 6.700.000 euros, recibido por el Ayuntamiento, sólo ha servido para enjugar los desequilibrios financieros que arrastra, es decir, para financiar con el recibo del agua sus “orgias y desenfrenos de gasto”,  los despropósitos de una gestión municipal manirrota y populista".

La remunicipalización del Servicio de Aguas es factible desde el punto de vista legal, "sólo falta la voluntad política de hacerlo que debería venir desde la reflexión y contrición sobre el daño infringido a las, ya maltrechas, economías domésticas de un pueblo castigado por el drama del desempleo. Si esa voluntad política no se manifestara facilitando este proceso de remunicipalización, algunas organizaciones sociales, vecinales y políticas, no controladas por el equipo de gobierno y su partido, tienen voluntad de recurrir a la vía contencioso-administrativa según se manifestó en Asamblea Ciudadana celebrada el pasado mes de julio", indican.