Izquierda Unida-Verdes expone, a través del concejal Miguel Ángel Cárceles (en la foto), que el alto nivel de endeudamiento del ayuntamiento de La Unión, la palpable falta de ingresos municipales y la profunda crisis económica y social por la que pasa el municipio, factores todos ellos relacionados entre sí, aconsejan la elaboración de un Plan de Rescate que haga innecesario recurrir al Fondo de Ordenación para Municipios al que se dispone a acogerse este consistorio. Dicha plan contempla reducir los gastos en un 15%, congelar casi todas las tasas e impuestos, negociar una quita para reducir la deuda y poner en marcha un plan de reactivación económica del municipio.

A nuestro entender, dicho Plan debería contener los siguientes aspectos:

1.    Reducción muy importante de los gastos del capítulo 1 y 2 de los presupuestos municipales. El 5% que contempla el acuerdo para la adscripción al Fondo arriba mencionado es claramente insuficiente. Entendemos que es posible e ineludible una fuerte reducción de los gastos de personal con las siguientes consideraciones:

A) Contener drásticamente las gratificaciones y complementos de productividad que han sido habituales en este Ayuntamiento,
B) Elaboración de un plan de remuneraciones que detalle las situaciones en las que se pueden autorizar horas extraordinarias, gratificaciones y complementos de productividad. Una vez aprobado por el Pleno, cada uno de los casos deberá ser ratificado por la Junta de Gobierno, tras solicitud motivada del Equipo de Gobierno.
C) Elaboración de un cronograma anual de trabajo que minimice el recurso a las horas extraordinarias en la brigada municipal y la Policía Local. Se trata de anticipar actuaciones especiales de manera que se anticipen los trabajos todo lo posible, realizándolos en horario laboral y previendo las compensaciones por horas de las actuaciones que resulten imprescindibles.
D) Asimismo, es preciso amortizar plazas por jubilaciones a fin de que la plantilla se redimensione con arreglo a las necesidades reales de un Ayuntamiento como el de La Unión, con la elaboración de una nueva R.P.T. que cuente con la participación activa de la ciudadanía, para establecer qué puestos de trabajo son estructurales, cuáles estratégicos y cuáles coyunturales, para a partir de ahí realizar los procesos de amortización de plazas por jubilación.
E) La política de retribuciones adoptada por el actual equipo de gobierno y la reducción hasta el mínimo del personal de confianza nos parecen medidas en la buena dirección. A ello habría que añadirle una reducción importante del gasto corriente, en capítulos como festejos, protocolos y suministros con la elaboración de un calendario de gastos corrientes, que permita prever los pagos que se van a realizar hasta final de año (con especial atención al Festival, las fiestas y las navidades) y la elaboración participativa del programa de fiestas y de navidades, promoviendo actividades inclusivas lideradas por los vecinos y de coste cero, junto a la eliminación de las pre-fiestas, las medio fiestas y las actividades onerosas del día de Santa Bárbara.

En definitiva, proponemos que en los capítulos 1 y 2 el ahorro sea como mínimo del 15% de la suma actual de ambos.


2. Los ingresos no pueden aumentar en La Unión por la vía del incremento de las tasas e impuestos municipales, exceptuando el impuesto de circulación en sus tramos más elevados, correspondientes a vehículos de alta gama. Ello debido tanto al sobrecoste de los servicios facturados como a la difícil situación socioeconómica del pueblo.

Efectivamente, los servicios privatizados, especialmente el agua, cubren en la actualidad con creces el coste de los mismos. Ciñéndonos al agua, hay que recordar que en 2011, tras una subida por tramos y progresiva del 16%, y tras suprimir entre los costes el Know How (que siempre había pedido IU), se determinó por parte de los servicios municipales que las tarifas de entonces cubrían el coste del servicio. Pues bien, inmediatamente después se produjo la adjudicación a Acciona del servicio con una subida media del 65% considerando el muy bajo de nivel inflación acumulada desde entonces y las dos subidas de la Mancomunidad, se colige que aquella desproporcionada subida, a la que hay que añadir los 115.000 euros que anualmente otorga el Ayuntamiento a la empresa concesionaria, siguen generando a dicha empresa beneficios extraordinarios, más allá del 10% reglamentario, con los que pueden cubrir sobradamente el incremento de gastos del servicios desde 2012(tarifas y subvención municipal)-

Por consiguiente, proponemos una congelación absoluta de este servicio y un estudio de los costes del mismo para comprobar en qué medida la empresa concesionaria está obteniendo beneficios extraordinarios a costa de las tarifas ciudadanas y de la subvención municipal. Abundando en este dirección, el Ayuntamiento, como han hecho otros muchos, debería plantarse la recuperación del servicio basándose tanto en la resolución judicial que estableció la falta de concurrencia en la adjudicación del mismo como las irregularidades que se aprecian en la actual prestación del servicio, así como la carestía excesiva de las tarifas.

Esta recuperación proporcionaría al ayuntamiento una liquidez de la que actualmente carece y una segura bajada del recibo, absolutamente desproporcionado en sus costes fijos. Por no mencionar los efectos de estas subidas sobre una población que padece un 50% de paro y con la renta más baja de entre los municipios de su nivel de población.

En todo caso, y como mínimo al tratarse de un servicio municipal, la empresa concesionaria debe colaborar en superar esta situación de crisis, como lo hacemos el Ayuntamiento y los vecinos, viendo reducido su margen de beneficio al mínimo imprescindible mientras dure esta situación tan gravosa para los vecinos y el ayuntamiento de La Unión.

En consecuencia, proponemos una congelación de todas las tasas e impuestos, excepto de los tramos superiores del impuesto de circulación



3. Es preciso negociar una quita de la deuda o una reestructuración de la misma

Los 21 millones que el Ayuntamiento debe, sobre todo a las distintas administraciones, que son sus mayores acreedores, son impagables para un municipio que, debido a su gravísima situación socioeconómica, no genera ingresos (se han perdido de IBI, según el concejal de Hacienda de la Corporación anterior, 900.000 euros). Por consiguiente, la administración central no puede penalizar con una reducción en la participación en los tributos del Estado a este Ayuntamiento, por la sencilla razón de que no puede generar ingresos en un pueblo hundido económicamente con un 50% de paro. Creemos que incluso el Ayuntamiento se podría acoger a figuras jurídicas que contemplan la especial situación de emergencia de los municipios a los efectos de no sufrir merma en las trasferencias estatales debido a la crítica situación socioeconómica. Resumiendo: 1º mantener el 100% de la participación en los tributos del Estado y 2º negociar quitas o reestructuraciones de la deuda con distintos entes estatales que actualmente son los principales acreedores del Ayuntamiento, en base a la declaración de excepcionalidad socioeconómica del municipio (que dobla la ya alta tasa de paro regional), quita o reestructuración que el propio consejero de Hacienda de nuestra Comunidad Autónoma ha solicitado para la deuda de esta con la Administración Central.


4. Elaboración de un plan de reactivación económica del municipio.

La base de las dificultades económicas por las que pasa el Ayuntamiento reside, como hemos señalado arriba, en la precaria situación socioeconómica del municipio, que imposibilita la generación de ingresos municipales. Es por ello urgente que las tres Administraciones, la banca nacionalizada (BMN) y los sectores empresariales de la localidad y la comarca elaboren un plan de reactivación económica del municipio, a fin de rebajar la cifra de 50% de paro que éste presenta, con la posibilidad de captar fondos europeos a tal fin, mientras persista esta altísima tasa de desempleo. El objetivo sería muy modesto: llevar el paro del municipio a la media regional, Nada pretencioso, y que podría tener como uno de sus soportes el Plan de Empleo aprobado por unanimidad del pleno en marzo de 2014.


En Izquierda Unida-Verdes de La Unión entendemos que estas medidas deberían asumirlas la corporación en pleno, junto al tejido social y empresarial del municipio, y contando con el apoyo de los ciudadanos de nuestro municipio acudir con ellas a la administración central e incluso a los foros europeos si se precisase. Estamos seguros que la perspectiva de unas elecciones generales a muy corto plazo posibilitarían una negociación abierta con el ministerio de Hacienda.