Hace poco más de un año, un hombre que circulaba en bicicleta por la calle Mayor introdujo una de las ruedas entre dos varillas de una rejilla de evacuación de aguas, sufriendo una caída por la que tuvo que ser trasladado al hospital de Santa Lucía para ser atendido de los daños sufridos. El consistorio de La Unión ha reconocido su responsabilidad patrimonial tras la reclamación llevada a cabo por la víctima a través del abogado Francisco Paterna (en la foto adjunta), del despacho Bernabé Abogados, y está llevando a cabo el cambio de las rejillas del municipio.

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El suceso tuvo lugar el 9 de octubre de 2017 sobre las 17.30 horas en la calle Mayor, cuando el ciclista se disponía a girar hacia la calle Jacinto Conesa. Cayó al suelo al introducirse la rueda en la rejilla de desagüe de aguas (próxima a la acera), debido, en gran parte, a que las varillas de las aberturas estaban en el mismo sentido que la circulación. El resultado fue que esta persona fue trasladada al hospital universitario Santa Lucía, en Cartagena, para ser atendido de las lesiones, como acredita un parte asistencial. La reclamación también contó con el atestado levantado por los agentes de la Policía Local y el testimonio de un testigo.

También se adjuntó un informe de un ingeniero técnico municipal, quien acreditaba que la reja o rejilla estaba instalada en el sentido de la circulación/giro a la derecha (y por tanto los huecos entre los barrotes en el sentido del tráfico). Destacar igualmente que ninguno de los informes obrantes en autos manifiesta que la rejilla se corresponda con modelos homologados ni que se ajuste a la normativa.

El artículo 25.2.d) LRBRL establece que los municipios ejercerán competencias en los términos que establezca la ley sobre la materia “pavimentación de vías públicas. El art. 57.1 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, dispone que corresponde al titular de la vía mantenerla en las mejores condiciones posibles de seguridad. Entre esas condiciones se incluye el que los elementos del pavimento de la vía, tales como las rejas de sus imbornales, permitan el paso seguro sobre ellos de toda clase de vehículos autorizados a circular, sin que en ningún caso puedan representar un peligro para los usuarios, para lo cual esas rejas han de cumplir la normativa técnica contenida en la Norma UNE-EN 124:-1/2015 “Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos”, conforme a la cual las rejillas de los imbornales de las vías destinadas al paso vehículos y peatones son las correspondientes al modelo C-250, cuyas holguras entre barrotes deben medir 16 milímetros, si están orientadas longitudinalmente en el sentido del tráfico, y 32 milímetros si están orientadas transversalmente en el sentido del tráfico. Con estas especificaciones, se impide que pueda introducirse por ellas la rueda de una bicicleta.

Los informes del ingeniero técnico municipal expresan que la reja no correspondía a ningún modelo homologado y que no cumplía con esas especificaciones, al ser el hueco entre varilla y varilla de 3 cm. El diámetro de la rueda es de 2,3 cm. La infracción de esta normativa técnica en la instalación de la reja del imbornal constituye un supuesto de malfuncionamiento del servicio municipal de pavimentación de vías públicas. Esta infracción es la que ha determinado la producción del accidente, porque de no haberse incurrido en la misma este no se habría producido.

Existe por consiguiente una relación de causa a efecto entre ese mal funcionamiento y los daños por los que se reclama; de ahí que, conforme al art. 32 de la Ley 30/2015, el Ayuntamiento debiera resarcirlos, como ha sucedido después de la resolución de la concejala de Interior del Ayuntamiento sobre el expediente abierto, que reconoce el derecho a recibir una indemnización, lo que ha notificado al afectado, a la tesorería municipal, a la aseguradora Generali España y a Acciona Agua.