Izquierda Unida presentará en los ayuntamientos de la comarca y en la Asamblea Regional una moción en la que se no se reconoce la deuda exigida por la mercantil Hydro Management en relación a la desaladora de Escombreras por considerarla ilegítima y odiosa y que insta al inicio de acciones legales de carácter penal contra los responsables políticos y técnicos del contrato suscrito en su día con dicha empresa.

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El texto de la moción es el siguiente:

"La polémica en relación a la desaladora de Escombreras se ha ido acrecentando al mostrarse con nitidez los vínculos de esta infraestructura con convenios urbanísticos y revisiones del planeamiento urbanístico que no contaban con el aval correspondiente de la Confederación Hidrográfica del Segura por la falta de garantía en el suministro de agua, invocando los municipios afectados la cobertura de suministro de agua que les proporcionaría la desalinizadora a fin de neutralizar los informes negativos de la CHS. Así ha ocurrido en la sentencia 739/2013 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, que expresamente declara la nulidad del PGMO de Puerto Lumbreras a pesar de que el Ayuntamiento se remitía a un acuerdo con el Ente Público del Agua en virtud del cual se garantizaban suministros hídricos por parte de la desaladora de Escombreras.
Es más: la juez del caso Novo Carthago ha establecido una conexión directa, ya denunciada por el movimiento ecologista en su día, entre el proyecto de urbanización ilegal de un espacio protegido y la desalinizadora. A este respecto, ha considerado significativa la relación del consejero Cerdá con las empresas Hidronostrum, Hydro Management y Desaladora de Escombreras, a través de las cuales existen indicios de que se estaba tratando de gestionar el abastecimiento de agua para el proyecto Novo Carthago'.
Las oscuras condiciones del contrato firmadas en su día con Hydro Management, la finalidad especulativa del agua a vender por la desaladora y la vinculación de ésta con un proyecto presuntamente delictivo, Novo Carthago, así como con proyectos urbanísticos cuya nulidad ha sido declarada por los tribunales, obligan a que la Administración, velando por el interés general, no reconozca la deuda contraída con aquella mercantil, y por consiguiente declare la deuda que reclama la empresa vinculada a ACS como una deuda odiosa, ilegítima, contraída de manera irresponsable por unos gestores políticos que no han tomado en consideración el interés general, sino k intereses especulativos privados vinculados, además, a prácticas delictivas en el terreno urbanístico. Por consiguiente, el Ayuntamiento insta a la Administración Regional a:

1. No reconocer la deuda exigida por la mercantil Hydro Management por considerarla ilegítima y odiosa.
2. Instar al inicio de acciones legales de carácter penal contra los responsables políticos y técnicos del contrato suscrito con Hydro Management".