El 23 de agosto de 2013 fallecía en Playa Honda, tras ser atropellada por un turismo tras bajar de un autobús, una chica de 16 años, vecina de La Unión. Este asunto ha llegado a los tribunales, habiendo celebrado el juzgado de Instrucción número 3 la vista oral contra los conductores del turismo y del autobús, para quienes se piden sendas multas y unos 115.000 euros de indemnización. Para más adelante está prevista una nueva actuación judicial contra la administración por el inapropiado lugar en que se encontraba la parada del autobús.

La acusación particular la ejercen los padres de la menor, siendo la abogada Susana Casanova la que los representa y quien solicitó multas de 30 euros para ambos conductores por una falta por imprudencia con resultado de muerte, más el pago de 115.000 euros de responsabilidad civil. Por su parte, los letrados Emilio Cerezuela y Antonio Martínez Sola solicitan, que representan a los acusados, piden que sean absueltos.

La acusación considera que la chica bajó por la única puerta que podía hacerlo y cruzó la calzada por el lugar donde la dejaron, que carecía de señalización, siendo responsabilidad del conductor del turismo haber extremado más las precauciones al estar un autobús detenido. Por su parte, Emilio Cerezuela (en la foto adjunta) expuso que el conductor del bus detuvo el vehículo en el lugar que tenía indicado, mientras que Martínez Sola alegó que el turismo que atropelló a la chica no pasó de la velocidad permitida (40 km/h) y que dio negativo en alcoholemia, señalando que no existía paso de peatones alguno.

La muerte de la menor provocó una masiva reacción por parte de vecinos, pues tuvo lugar en una parada de autobús que llevaban tiempo solicitando que cambiase de ubicación. Una manifestación vecinal días más tarde expresó la indignación por la tragedia sucedida, que también fue denunciada por partidos políticos y Federación de Asociaciones de Vecinos. En el juicio ante la jueza María del Mar Gómez se ofrecieron fotografías que mostraban cómo la parada del bus, situada en plena carretera, cambió de ubicación al día siguiente del accidente, por lo que la familia también tiene intención de recurrir a la vía contencioso-administrativa para actuar contra la Comunidad Autónoma, responsable del servicio de interurbanos, pues "se trataba de una parada que no eran legal, aunque estuviese autorizada, siendo extremadamente peligrosa".

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