Once de enero del año 2000: se presenta la querella que da inicio al procedimiento por una supuesta estafa generada los antes anteriores. 15 de febrero de 2016: fecha fijada para la vista oral en la sección quinta de la Audiencia Provincial. Pensar que el proceso arrancó en los antiguos juzgados mixtos ya refleja el excesivo tiempo que ha pasado en un asunto en el que 19 familias llevan sin el dinero que entregaron por unas viviendas que nunca se construyeron en Los Dolores (Cartagena) y en la que también hay una empresa afectada. Hay diez acusados, para los que la Fiscalía pide penas de cárcel que van desde los 5 hasta los 9 años, en principio, pues la atenuante de dilaciones indebidas planea con fuerza. El unionense Carlos Bernabé (en la foto) y Alejandro Cánovas son los abogados que ejercen la acusación particular y las defensas piden la absolución de sus clientes.

No es en absoluto normal tanto tiempo para un asunto que, además, afecta a muchas personas. En este caso, según hemos podido conocer, al parecer el procedimiento ha pasado por varios juzgados y tuvo que acometer una reconstrucción de autos por pérdida parcial de la documentación. El caso es que la sección quinta de la Audiencia Provincial (que entonces no se había aún constituido), donde entró este tema en 2015, será la que resuelva un asunto anterior al propio ‘nacimiento’ de este tribunal en Cartagena.

Hay once acusados, pero a uno de ellos la Fiscalía solicita el sobreseimiento provisional al considerar que no hay pruebas que lo incriminen. Para los diez restantes se piden diversas penas de cárcel y multas, más costas, por tres delitos de estafa continuada:
- 6 años y multa de 6.480 euros para Raimundo RPM.
- 5 años y multa de 5.440 euros para Silvia GG.
- 6 años y multa de 6.480 euros para Consuelo FM y José AMG.
- 9 años y multa de 6.480 euros para Pedro MG, José GG, Rosario GV, José JMG, Alberto GP y Carlos AB.

La responsabilidad civil alcanza un total de 28.310 euros del dinero entregado por las 19 familias, pidiendo la Fiscalía que se añada el valor de los perjuicios causados por la falta de construcción de las viviendas. Las cantidades aportadas por cada comprador van desde los 9.015 euros hasta los 21.035.

Se añade que los acusados Rosario, José, Alberto, Ramón y Pedro indemnicen a Mobisa Inversiones con 113.395 euros por el precio abonado por una finca y las cargas que asumió, más el perjuicio causado por la pérdida de la finca.

Las conclusiones de la Fiscalía para estas peticiones se basan en un relato de supuestos hechos que tiene su origen entre los meses de mayo de 1997 y 1999, cuando la mercantil Baleo Servicios Inmobiliarios inició la promoción de 23 viviendas de la urbanización ‘Mediodía Fase II’, suscribiendo entonces 19 contratos de compra venta “a sabiendas de que aún no poseían el pleno dominio de la totalidad de los solares, que no contaban con financiación suficiente y que incumplirían todos los contratos que firmasen con ánimo de obtener un inmediato beneficio económico”, según refleja la Fiscalía en su escrito de acusación, que, incluso, aputna que en ocho casos se mencionaba en los contratos que estaban sujetas a un crédito con el Banco de Murcia, “a pesar de no tener financiación alguna contratada”.

Más adelante indica que al presentarse la primera querella el 11 de enero de 2000 y una demanda civil quince días más tarde, Raimundo (apoderado) y Silvia (administradora) vendieron sus participaciones de Baleo a los acusados José GG y Pedro, “que eran perfectos conocedores de la situación urdida por Raimundo”. También se reseña que Rosario, “para ir dando forma al plan”, constituye la mercantil Obras Mircons SL, que luego vendió 315 de sus participaciones a José AMG. “Esta empresa, a sabiendas de que no sería posible cumplir sus compromisos, comenzó a suscribir nuevos contratos de compra-venta”. Otro capítulo fue fue la venta de Obras Mircons SL a Mobisa Inversiones, que abonó 15 millones de pesetas y asumió las cargas de una finca para evitar la subasta y la pérdida definitiva de la misma.

La vista oral se ha fijado para lunes, miércoles y jueves de la próxima semana, en audiencia pública a partir de las diez horas.