Los grupos parlamentarios se ponen de acuerdo para solicitar al Gobierno Regional y el Estado que persigan las rifas ilegales, que en la Región de Murcia tiene el 80% de los casos en los municipios de Cartagena y de La Unión. La petición de la ONCE se ha producido ante la comisión especial de Discapacidad de la Asamblea Regional. Concluida la reunión, los diputados se han trasladado al exterior de la Asamblea Regional para hacer un breve circuito en el que han podido comprobar las dificultades de movilidad y accesibilidad que tienen las personas ciegas.

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La lucha contra el juego ilegal es una de las peticiones que le director Territorial de la ONCE, Juan Carlos Morrejón, en su comparecencia ante la Comisión especial de Discapacidad. Morrejón ha defendido la apuesta de su organización por el empleo, un empleo digno y la importancia del mercado del juego para proteger los servicios sociales de las personas con discapacidad. En este sentido, ha considerado necesario la desaparición de las rifas ilegales que se producen, especialmente, en municipios como Cartagena, La Unión e, incluso Murcia. Ha centrado sus principales críticas hacia la OID, “que es un perjuicio, incluso, para sus trabajadores”, ha indicado.

La diputada del PP y vicepresidenta de la Comisión especial de Discapacidad, Inmaculada González, ha expuesto el trabajo realizado con la ONCE para ila presentación de una iniciativa que en la Asamblea Regional, una iniciativa que el PP ha retirado para transformarla en una moción suscrita por los cuatro grupos parlamentarios.

La moción registrada esta mañana solicita la adopción de las medidas oportunas encaminadas a erradicar toda clase de juego ilegal que se realice en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, prestando especial atención a la venta ilegal de boletos y demás productos de lotería, en coordinación con la Delegación del Gobierno a través de la Brigada Provincial de Juego.

Asimismo se demanda la colaboración de las Administraciones Locales, en el ámbito de sus competencias, por medio del ejercicio de las funciones de apoyo y asistencia a los funcionarios autonómicos y a los miembros de la Brigada Provincial de Juego encargados del control e inspección del juego.