Correos afronta mañana un paro parcial y el viernes una huelga general contra el recorte de empleo desde 2010 y para exigir un nuevo convenio. Desde Comisiones Obreras denuncian que hay fuertes acumulaciones de correo y que la plantilla es insuficiente para cubrir la campaña electoral. El sindicato ha convocado a los más de 1.300 trabajadores de Correos de la Región a secundar el paro de mañana y la huelga del viernes.

CCOO ha denunciado que el recorte de empleo ha sido tan severo que Correos se presenta a las elecciones con insuficiente plantilla como para realizar la campaña electoral en condiciones adecuadas y no poder asegurar la distribución del voto por correo, pese al aumento de la contratación para estas fechas, habiendo acumulado correo en varias unidades a destacar la Unidad de Cieza. Prueba de ello, son las acumulaciones existentes en la mayoría de los centros de la provincia o las largas colas en la oficina para gestionar el voto por correo. Además, ha acusado a Gobierno y empresa de ser los causantes del conflicto laboral tras haber cerrado, a menos de mes y medio de las elecciones, la negociación del Convenio y Acuerdo.

Para el sindicato, los servicios mínimos impuestos por el Gobierno y Correos son abusivos y desproporcionados, de hasta el 70% en reparto y urgentes, 100% en servicio rural, 70% en centros de tratamiento y hasta casi el 50% en oficinas cuando lo habitual en huelgas generales para todos los segmentos ha sido el personal necesario o el 5%. Al no haber rectificación de la empresa y, como ya anunció, CCOO llevará a Correos a la Audiencia Nacional por vulneración del derecho constitucional de huelga.

Para el sindicato, estas huelgas tienen el objetivo de mejorar el servicio postal público prestado a los ciudadanos y las condiciones laborales de los trabajadores, con unas propuestas de la negociación razonables para un colectivo de 52.000 trabajadores en toda España, para el que reclaman un incremento salarial después de años de congelación y recorte que han permitido a la empresa ahorrarse más de 500 millones de euros, exigir un aumento de plantilla y consolidación de trabajadores fijos tras la supresión de 15.500 puestos en los últimos cinco años (11.000 en lo que llevamos de legislatura) y garantizar la ultraactividad de los derechos.