Alejandro F.G. ingresó el 2 de junio en la planta de psiquiatría del hospital de Santa Lucía, sobre las 21 horas. A la mañana siguiente su cuerpo apareció sin vida en el exterior del centro. La familia de este joven de 28 años de edad quiere saber lo que sucedió y exigir responsabilidades, por lo que, a través del despacho unionense de Bernabé Abogados, ha presentado denuncia ante el juzgado de Instrucción número 3 contra el hospital al considerar que las medidas de seguridad fallaron y que el persona pudo haber actuado sin la diligencia debida.

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La familia de Alejandro, a través de letrado Francisco Paterna, ha presentado ante el juzgado de Instrucción número 3 de Cartagena un escrito de denuncia por el que se solicita a la jueza María del Mar Gómez que abra diligencias para conocer lo que sucedió en el hospital universitario de Santa Lucía en la salida del joven.

A las 21 horas del 2 de julio, el padre abandonó el hospital tras petición del personal sanitario. A las 10 de la mañana la Policía Nacional efectuaba una llamada a la familia para informar del fallecimiento de Alejandro. No lo esperaban. En apenas mediodía pasaron de dejarlo en un lugar para atender su problema a quedarse sin él. Están molestos con lo que pudo suceder, pues el hospital es el responsable de sus pacientes, y también “con que nadie del centro haya tenido la decencia y delicadeza” de ponerse en contacto con ellos.

Quieren saber lo que sucedió, por lo que han buscado asesoramiento en Bernabé Abogados, en La Unión, siendo el letrado Francisco Paterna quien ha presentado la denuncia en el Palacio de Justicia de Cartagena. Expresan que no saben qué sucedió, pero que “es evidente que las medidas de seguridad fallaron y que el personal del centro no actuó con la diligencia debida”), por lo que piden aclarar los hechos, en primer lugar, y después determinar las responsabilidades penal y civil de los responsables, si los hubiere.  Así, requieren al hospital para que informe al juzgado de las actuaciones realizadas en torno a Alejandro, además de facilitar quienes fueron las personas intervinientes. También se reclama que facilite el protocolo de actuación con los pacientes de la unidad de psiquiatría y las grabaciones de las cámaras de seguridad,  mientras que a la Policía Nacional se le solicitan las diligencias abiertas y al Instituto de Medicina Legal el informe de la autopsia.