Ecologistas en Acción, prosiguiendo con sus acciones en contra de la ubicación de un macropuerto de contenedores en El Gorguel, presentó una petición parlamentariainformando de los graves impactos que sobre la Red Natura 2000 conllevaría la instalación de esta macroinfraestructura en El Gorguel. La comisión de peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la petición. Los ecologistas anuncian que la Comisión de Peticiones acaba de comunicarles que se ha admitido a trámite su demanda, y que se ha solicitado a la Comisión Europea que lleve a cabo una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos del problema, que afecta a zonas Red Natura 2000, de protección ambiental internacional.

Natalia Martín, responsable de Medio Marino asegura que es indispensable que la Unión Europea "mantenga un papel vigilante en la consecución de este proyecto”, y añade Europa ya está al tanto "de este insostenible proyecto que indudablemente afecta a la Red Natura 2000, y confiamos en que estará atenta al proceso que se siga en España”.

En este sentido, Natalia Martín recuerda que la ley obliga a realizar un Informe de Repercusiones sobre la Red Natura 2000 en determinados supuestos, como este, y que dadas las dimensiones del proyecto de macropuerto de contenedores y zona logística anexa, resulta prácticamente imposible que no se vea obligado a pasar una evaluación a nivel europeo, que debe velar por la conservación de los valores que hicieron posible la integración de la zona del Gorguel en la red europea de espacios protegidos, Red Natura 2000.

Así, el colectivo ecologista da un paso más en la lucha contra este megalómano proyecto que promueve la Autoridad Portuaria de Cartagena, y apoya el Gobierno Regional, recordando y exigiendo que se deben respetar todos los trámites ambientales y elaborar los informes ambientales de una manera rigurosa, de forma que se estudien alternativas reales que no supongan un impacto de estas características.

La apuesta por grandes infraestructuras de este tipo es, según Martín: “un sin sentido y un derroche económico y de recursos, que finalmente lleva a la sociedad a asumir elevados costes  derivados de la nefasta gestión de las administraciones públicas, hipotecando las posibilidades de futuro de nuestra sociedad”.